A finales de junio de este año, en plena pandemia, una vecina de la localidad barcelonesa de Cubelles recibió una llamada de una persona que se identificó como funcionaria del poder judicial, quien le advirtió que si no pagaba los más de 2.000 euros que debe a Endesa en menos de una semana, le serían embargadas todas sus cuentas e ingresos.
La mujer, temerosa de perder los escasos ingresos con los que contaba, grabó la llamada y la trasladó a la Alianza contra la Pobreza Energética (APE). Esta entidad le reveló la verdad: «la llamada provenía de DPS Consulting, un despacho de abogados y empresa de recobros contratada por Endesa para hacer el trabajo sucio: acosar y amedrentar a familias como Yolanda para pagar sus deudas, a pesar de conocer su situación de vulnerabilidad», explicó APE.
La asociación interpuso una querella contra DPS Consulting por el acoso del que son víctimas familias vulnerables por parte de empresas como Endesa que, según señalan, contratan este tipo de despachos para intentar cobrar deudas de luz o de gas utilizando el acoso.
Estos hechos, como denuncia la entidad, podrían constituir un delito de usurpación de funciones públicas, otro de realización arbitraria del propio derecho y uno de coacciones.
El pasado 27 de octubre, el Juzgado de Instrucción nº 5 de Barcelona admitió a trámite la querella contra la empresa subcontratada por Endesa. Por primera vez se llevará a juicio el acoso que reciben las personas vulnerables por no poder pagar sus facturas de luz o de gas.
APE ha explicado que “el objetivo de esta denuncia es evitar que ninguna empresa de recobro contratada por Endesa o cualquier otra suministradora vuelva a ejercer acoso para con las familias vulnerables y conseguir que DPS Consulting asuma las consecuencias penales oportunas por sus prácticas acosadoras”. “Es el momento de que las compañías, que consienten la práctica de estas actuaciones, dejen de derivar la deuda de familias en situación de vulnerabilidad a terceros actores”, reivindican.
