El pasado 21 de noviembre, el Senado aprobaba la nueva ley de protección de datos, con los votos a favor de PSOE (que propuso la ley), PP (con mayoría en la cámara), Ciudadanos, Foro, Compromís, PdeCat, PNV y ERC, y los votos en contra de Unidos Podemos, Compromís, Nueva Canarias y Bildu.
Esta ley permite a los partidos políticos o grupos electorales rastrear datos opiniones de los usuarios de internet y redes sociales para así elaborar perfiles ideológicos. Además, permitirá que los partidos se dirijan al electorado por medios como WhatsApp, redes sociales o correo electrónico, para enviarles propaganda electoral, práctica que ya se ha bautizado como «spam electoral«.
En las próximas elecciones VOX tendrá acceso a nuestros datos personales sobre opiniones políticas. Agradezcánselo a quienes han impulsado la nueva Ley de Protección de Datos. #Stop1984
— Almeida (@bufetalmeida) December 3, 2018
¿Sabes que si los partidos políticos te fríen con mensajes en la próxima campaña electoral no podrán ser multados? La nueva Ley de Protección de Datos legaliza el spam político. #Stop1984 pic.twitter.com/VHxqnzKcwt
— Almeida (@bufetalmeida) November 15, 2018
Esta norma ha levantado muchas críticas de expertos, entre ellas la de Hervé Falciani, ingeniero de sistemas, que asegura en una entrevista a EFE que permitirá a los partidos rastrear datos y opiniones sin el consentimiento de los afectados.
Para él, esto confirma la falta de relación entre la legislación y el sentido común. Se trata de «la misma barbaridad», dice, que el caso Cambridge Analytica que se conoció en marzo de este año, en el que se vendieron millones de datos personales de usuarios de Facebook para crear perfiles de votantes y personalizar la propaganda electoral en las últimas elecciones presidenciales de Estados Unidos.
Falciani es exasesor de la filial en Suiza del banco HSBC que filtró datos de miles de defraudadores. Ha participado recientemente en la cuarta edición de Sharing Islands, unas jornadas sobre economía colaborativa celebradas en Tenerife y Gran Canaria. Según él, en este congreso han demostrado que los modelos económicos colaborativos pueden alertar, proteger y adaptar a la población sobre peligros sobre el uso sin consentimiento de sus datos.
El ingeniero ha fundado junto a varios compañeros Tactical Whistleblower, asociación sin ánimo de lucro que aboga por un sistema financiero digital que permita ocultar la identidad de los usuarios bajo diferentes perfiles que interactúan entre ellos, y dejan una huella. Por ejemplo, «un policía que también es guitarrista y padre».
Esa huella que queda tras cada operación queda registrada por medio del sistema Blockchain, que permite a todos los usuarios verificarla. Así, se evita la corrupción y la injerencia de piratas informáticos, porque todos los perfiles comparten la responsabilidad con las empresas que les «respalden».
«Visto que nos vamos a quedar con esta Ley de Protección de Datos, nos invitan a que durante este tiempo encontremos alternativas. Y ese es el sentido, el porqué de estas asociaciones que reúnen a actores sociales y jurídicos que pueden equilibrar fallos tremendos. Quizá esta competencia en la gobernanza inste a los políticos a tomar decisiones más acertadas».
Con el modelo que proponen, se podría obligar a las empresas a cambiar de modelo económico y vayan, poco a poco, sustituyendo la estrategia del Big Data por otra en la que los usuarios conozcan sus servicios por su experiencia, y no se manejen sus datos sin que ellos lo sepan. Su asociación, cree, es una alternativa contra el Big Data que minimiza los datos que hacen falta para hacer una operación, y que el usuario solo aporte la cantidad indispensable para realizarlas.
