Los miembros de La Manada, los cinco hombres que violaron a una chica en los Sanfermines de 2016 y que fueron condenados a 9 años de prisión, continuarán en libertad provisional, al haberse desestimado los recursos de súplica que la acusación presentó en enero.
Con dos votos contra uno, el mismo resultado que cuando la Audiencia de Navarra tomó la decisión originalmente, han rechazado los recursos que presentaron las acusaciones particular y popular (ejercida por el Ayuntamiento de Pamplona y el Gobierno de Navarra), a las que se unió la Fiscalía. «Como no podía ser de otra manera», ha declarado Agustín Martínez Becerra, abogado de La Manada.
Los magistrados consideraron que no hay motivos para modificar la situación de libertad de los acusados, ya que no aprecian riesgo de fuga. El auto no admite más recursos, ya que dan «por reproducidos en su integridad los razonamientos expuestos en el auto cuestionado».
«Los hechos por los que han resultado condenados son graves, por afectar a la libertad sexual«, continúa el escrito, pero «no implica que de ello se derive, indefectiblemente, un incremento del riesgo de fuga, que justifique la modificación de la situación personal de los encausados». «Ha de valorarse que hasta la fecha han acatado puntualmente las obligaciones que les fueron impuestas». Además, señalan que su «arraigo personal, familiar es evidente», y que «no se tiene noticia alguna de que dispongan de medios económicos en el extranjero y ni siquiera en España».
También descartan los argumentos de «alarma social» y «riesgo de reiteración delictiva» que esgrimía la acusación.
Francisco Cobo, presidente de la sala, ha hecho saber que discrepa con la decisión, y defiende su petición de prisión provisional comunicada y sin fianza, hasta un máximo de cuatro años y medio (sin contar los casi dos años que permanecieron en prisión entre julio de 2016 y junio de 2018). Insiste en la gravedad de la pena y el riesgo de fuga, y cree que los argumentos de estabilidad e integración en su entorno no permiten «no conjurar eficazmente el riesgo de que los procesados se sustraigan a la acción de la justicia«.
