La Junta de Andalucía y la Comunidad de Madrid se han visto obligadas a retirar lotes de material no apto para su uso sanitario, después de que dos informes del Ministerio de Trabajo certificasen que las mascarillas «no cumplen» los requisitos mínimos.
La Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS) ha enviado un aviso a las residencias de mayores solicitando la retirada de las mascarillas, que se distribuyeron a través de Ifema. No obstante, los hospitales afirman no haber recibido todavía ningún mensaje al respecto de la Consejería de Salud madrileña. Las mascarillas fueron verificadas el 23 de abril, según el informe del Gobierno.
Se repite así lo sucedido con las mascarillas ‘fake’ de Garry Galaxy repartidas por Sanidad, que también tuvieron que ser retiradas. En este caso, se trata de protecciones de la marca china Purvigor. Los productos no cumplen con los requisitos para ser consideradas FFP2, de calidad profesional y aptas para uso del personal sanitario que trata a pacientes de coronavirus. Mucho menos, FFP3, como se vendieron algunas.
En la Comunidad de Madrid, fuentes del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso han afirmado que «ayer se ordenó la retirada y seguimiento de los posibles afectados». «Estamos verificando la procedencia, pero no han sido adquiridas por compra centralizada de la Comunidad de Madrid», añaden. Todavía no han podido establecer si proceden de donaciones o de Sanidad.
El Hospital 12 de Octubre dio la voz de alarma y pidió al Instituto Nacional de Seguridad y Salud, dependiente del Ministerio de Trabajo, que hiciera pruebas «para verificar si ofrecen cierta protección frente a la penetración de partículas» de dos lotes de mascarillas FFP3.
El resultado arrojó que estas mascarillas, que deberían tener un nivel máximo de filtrado del 6%, superaban el 30%. Estos productos se distribuyeron en los hospitales Severo Ochoa, Virgen de la Poveda, Puerta de Hierro, Hospital del Henares (Coslada), Severo Ochoa de Leganés y Getafe, así como en centros de atención primaria y residencias de mayores.
En el caso de Andalucía, fuentes de la Junta han asegurado que «a las mascarillas, que las compramos nosotros, se les han hecho pruebas a medida que llegaban», debido a que era imposible hacerlo previamente. El Servicio Andaluz de Salud (SAS), «al ver que eran sospechosas, las envió al laboratorio del ministerio», apuntan.
El informe del Ministerio de Trabajo confirma que fue la Junta la que solicitó someter a pruebas a dos modelos de estas mascarillas: Elite Respirator EB09.049y modelo KN95 Mask. En Andalucía, el SAS ha ordenado la retirada de otros dos modelos por no estar clara su efectividad.
Estas mascarillas se han utilizado en todos los centros sanitarios de Cádiz, en los hospitales Puerta del Mar, en los de Puerto Real y Jerez, en el Hospital Reina Sofía de Córdoba, Hospital Regional, el Universitario Virgen de las Nieves de Granada y en la UCI del Hospital Clínico de Málaga.
