Rocío Monasterio, portavoz del partido ultraderechista Vox en la Asamblea de Madrid, ha publicado un hilo en su cuenta oficial de Twitter explicando su versión de la polémica clausura por el Ayuntamiento de su chalé.
Monasterio culpa a un «laberinto burocrático» en el que ella y su marido, Iván Espinosa de los Monteros, llevan inmersos 9 años y que ha tenido como consecuencia final esta firme decisión administrativa.
Ante la campaña de intoxicación de ciertos medios, voy a explicar el tortuoso proceso que llevamos sufriendo desde 2013 para lograr la famosa licencia de funcionamiento para mi despacho profesional. Kafka no hubiera imaginado la burocracia que a menudo padecemos los españoles. pic.twitter.com/tWagXtodUN
— Rocio Monasterio (@monasterioR) 4 de septiembre de 2019
La arquitecta se queja también de que la situación fue agravada por un «denunciante rencoroso«.
En orden cronológico, Monasterio comienza contando que ella y su marido compraron en 2010 una «vieja casa» que tenía «una edificabilidad no agotada» y que al año siguiente demolieron «con la preceptiva licencia». Acto seguido solicitaron una licencia de obra nueva con despacho profesional en el sótano de la vivienda.
Entre 2012 y 2013 el constructor cometió «graves errores«, pero aun así, y siempre según ella, le pagaron el 95% del presupuesto. El 5% restante supuso conflicto con el constructor en 2013. El año siguiente contratan nuevos contratistas para corregir el trabajo.
En 2015, la pareja inscribió la vivienda en el Catastro y el Ayuntamiento de Madrid les cobró un nuevo IBI «por la totalidad de los m2 construidos. El nuevo IBI es 5 veces más que por el anterior«.
El Ayuntamiento exige un certificado de fin de obra para solicitar las licencias de funcionamiento y ocupación. Para este certificado es necesario que tanto la arquitecta (en este caso la propia Monasterio) y el aparejador firmen, pero este no quiso «por ser del entorno del constructor», al que, recordemos, deben el 5% del presupuesto.
En 2016, Monasterio asegura haber vuelto a pagar la licencia. El constructor les denuncia por carecer de licencia mientras el Ayuntamiento les exige cerrar el despacho.
«Llevamos nueve años cumpliendo con cada paso de la ordenanza para intentar llegar al final del proceso. Años pagando todas las tasas necesarias (alguna, dos veces)», se lamenta la de Vox, que califica la experiencia como «un laberinto burocrático agravado por un denunciante rencoroso«.
