El escándalo de las residencias en la Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso, no ha hecho más que empezar. Lo que comenzó como sospecha hace semanas se materializó el pasado viernes a través de dos correos internos de la comunidad en los que un miembro de Ciudadanos advertía al consejero de Sanidad (PP) de que impedir la hospitalización de ancianos procedentes de residencias «podría hacer que murieran de forma indigna» e «incurrir en un grave delito».
No obstante, la capital no fue la única comunidad que aplicó estos inhumanos criterios. El Gobierno de Alberto Núñez Feijóo (PP) en Galicia también excluyó a los ancianos de la hospitalización, tal y como ha desvelado el activista Julián Macías Tovar.
«Me parece muy grave, sobre todo cuando culpan de estas decisiones letales a sus rivales políticos. Deberían hacerse cargo de sus acciones», ha afirmado Tovar.
Castilla y León, también gobernada por el PP, siguió el mismo criterio a la hora de excluir pacientes, unas instrucciones enviadas desde la consejería de sanidad del Gobierno regional.
«Estos criterios para dejar morir a personas en residencias de ancianos pueden tener un debate desde el punto de vista clínico o ético, pero es totalmente miserable ser el responsable de una situación y culpar a terceros, usando la muerte para sacar rédito político», ha reprochado el activista.
