Pablo Iglesias, vicepresidente segundo del Gobierno, ha presentado una querella este miércoles por seis presuntos delitos contra uno de los que organizaron las concentraciones de acoso ante su vivienda, donde reside junto a la ministra de Igualdad Irene Montero y sus tres hijos.
Se trata de Miguel Ángel Frontera un activista de extrema derecha que ha instigado durante meses estas concentraciones, normalmente en un coche desde el que reproduce el Cara al Sol y en el que lleva banderas, cacerolas y pancartas con mensajes como «Pablo Iglesias, hijo de terrorista».
El pasado 18 de julio, un grupo de personas entre las que estaba Frontera, se agruparon a las puertas de la vivienda y llegaron a desearle la muerte a Iglesias, como prueban varios vídeos.
En otro de los vídeos presentados ante el juez se puede leer un cartel que reza :»Irene Montero, ministra analfabeta cuyo mérito es tener las rodilleras gastadas». Estas concentraciones llevan sucediendo desde el 15 de mayo y los participantes han manifestado que «no pararán hasta que se marchen de España».
Por estas acciones, los abogados del vicepresidente consideran que Frontera habría incurrido en seis delitos: uno de coacciones (artículo 172 y siguientes del Código Penal); uno de acoso (172 ter del Código Penal); uno de descubrimiento y revelación de secretos (artículo 197); uno de desobediencia a la autoridad (556 del Código Penal); uno de alteración del orden público (artículo 559) y otro contra los recursos naturales y el medio ambiente (artículo 325).
Los letrados sostienen que el «acoso permanente» que sufre Iglesias supone «una grave alteración de la vida cotidiana del querellante y su familia que inevitablemente hace más difícil el importante papel encomendado por la ciudadanía a la víctima».
El escrito recalca que la pareja de políticos viven con tres niños pequeños, «cuya vida está también gravemente alterada», y que esta «actividad delictiva» es «insistente, reiterada» y se amplifica por su difusión en redes sociales.
Los abogados, además, sostienen que las concentraciones no son un ejercicio del «legítimo derecho de reunión, manifestación y expresión consagrados en nuestra Constitución española», debido a que «lo único que se dice es ‘Vamos a la Gran Cacerolada en el Casoplón del Chepas'». «No es una protesta política», sino el reflejo de «una animadversión personal y de odio al Vicepresidente del Gobierno de España y a su familia».
«El querellado se ha dedicado a jalear y a recaudar fondos para sumar cuanto mayor multitud mejor sin ningún tipo de protesta democrática y legítima, sino con la intención de importunar a nuestro patrocinado. Como hemos visto en el relato fáctico de este escrito ha promocionado estas 13 actuaciones y bajo alguna alusión formal y vacía de contenido hacia el derecho a la protesta; lo único que hay realmente es el odio y la inquina hacia Don Pablo Manuel Iglesias Turrión», añade el escrito.
La querella explica que Frontera, quien se autoproclama en Twitter instigador de estas concentraciones, llegó a escalar la valla trasera de la vivienda para grabar el interior, un hecho que supone «una intromisión ilegítima y de todo punto de vista inaceptable».
