Nani Martínez, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) del Corredor del Henares, se enfrenta a una pena de 1 a 4 años de prisión por un supuesto delito de atentado contra la autoridad cometido durante un desahucio.
Los hechos se remontan a enero de 2017, cuando Martínez acudió a intentar frenar el desalojo de una familia con cinco menores en plena ola de frío. El juicio al que se enfrenta tiene como única prueba el testimonio de los agentes.
La activista cuenta que, en el desalojo de 2017, «cuando ya estábamos con nuestros cánticos habituales, después de que todos los policías se taparan la cara con una braga y no mostraran su identificación, uno de ellos me mira de forma directa y me dice «te vas a cagar». Yo me asusto porque que te diga algo así un policía es muy preocupante, y me acaba tranquilizando uno de los abogados que nos acompañaba».
La situación se tornó más y más tensa, hasta el punto en que varios activistas y un policía acabaron magullados.
«Llega un momento que me aparto del lugar por lo nerviosa que estaba, además de que me daba miedo que me detuvieran. Cuando me dicen que hemos conseguido frenar el desahucio, vuelvo con mis compañeros a celebrarlo. Ahí es cuando llega una pareja de policías nacionales, entre los que se encontraba el que me había amenazado, y empiezan a decirme que me acerque a ellos, que solo quieren identificarme», continúa Martínez.
A la semana siguiente, la activista se entera de que ha sido acusada de atentar contra la autoridad, en un escrito, según la PAH, lleno de «contradicciones y mentiras».
Martínez denuncia lo que considera la razón detrás de esta acusación: «Pretenden desactivar a las personas con mayor presencia en los movimientos sociales, pero lo único que consiguen es que nos armemos de más fuerza cuando recibimos el cariño de la gente para seguir día tras día con nuestra labor».
