Antonio Serrano-Arnal, el juez de Madrid que investigaba al ex vicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, ha cerrado la fase de instrucción con una resolución en la que concluye que debería ir a juicio por los delitos de blanqueo de capitales, corrupción en los negocios y fraude fiscal.
Así, ha quedado abierto el plazo para que la Fiscalía y la Abogacía del Estado presenten los escritos de acusación con las penas que piden para Rato.
Los hechos por los que el juez considera que Rato debe r a juicio están en parte relacionados con su actividad como presidente de Bankia, donde habría percibido comisiones por la adjudicación a ciertas sociedades de campañas de publicidad.
La resolución abunda que Rato recibió mediante una de sus sociedades (Kradonara 2001 SL) un pago de 835.000 euros, una parte de la comisión de dos millones abonada por las agencias Zenith y Publicis. Esta transacción habría sido un delito de corrupción en los negocios.
Este dinero era derivado al extranjero y reintroducido en España con apariencia de legalidad gracias a una compleja estructura societaria que utilizaba el sistema de falsos préstamos participativos entre sociedades que estaban bajo su control, lo que sería un delito de blanqueo de capitales.
La resolución judicial ha concluido que la trama introdujo de esta manera en España 7,8 millones de euros, la mayoría de los cuales terminaron en posesión de Rato. Según la investigación, parte de la comisiones de Bankia fueron invertidas en un hotel del ex político en Berlín y en la reforma de su casa en Cabueñes (Asturias).
Además de lo anterior, Rato evitaba pagar el IRPF por los servicios personales que prestaba, como conferencias o asesoramientos, presentándolos como servicios de una sociedad. Tampoco pagaba el Impuesto de Sociedades ya que presentaba bases imponibles negativas para este impuesto.
