La Policía Nacional detuvo el pasado 17 de julio a dos empresarios en Melilla, padre e hijo de 60 y 32 años, por un delito contra los derechos de los trabajadores extranjeros y otro de «explotación laboral» sobre dos empleados, que estaban «semiesclavizados» en el local, según consta en el atestado policial.
Los dos empresarios españoles habrían defraudado 60.000 euros a la Seguridad Social.
Los agente se personaron en la churrería a las cinco de la madrugada tras recibir un aviso anónimo. Allí encontraron a dos trabajadores durmiendo hacinados en la trastienda del local, ubicado en la céntrica plaza de las Culturas de Melilla.
Ahora, uno de esos trabajadores ha contado a ‘Eldiario.es’ la dura situación de la que se estaban aprovechando los dueños de la churrería. El hombre, de 51 años, trabajaba a jornada completa más habituales horas extras por un sueldo de 120 euros mensuales. «Estoy luchando por mis hijos«, cuenta el trabajador, residente en la ciudad marroquí de Nador, a solo 15 kilómetros de la Melilla.
Antes de la pandemia, cruzaba todos los días la frontera, pero, tras el cierre por el coronavirus, se quedo atrapado en España, donde podía seguir trabajando. No obstante, sus condiciones empeoraron.
«Una vecina me dio el colchón y la almohada, el empleador se negaba a darlo o mejorar las condiciones». Relata que se aseaba «como podía» en los baños de la churrería, en condiciones poco higiénicas y sin ventilación. No se molestaron en proteger a los trabajadores tras el confinamiento: «No nos dieron mascarillas ni guantes, tuvimos que comprarlas con nuestro propio dinero».
La Policía constata que estas dos personas fueron víctimas de explotación laboral, ya que desempeñaban su trabajo en condiciones abusivas e ilegales. «Llevo 13 años trabajando en Melilla, sin contrato, porque nadie me hace contrato. Los últimos cinco años y medio, casi seis, los he pasado en la cafetería trabajando mucho y cobrando muy poco», cuenta el hombre, que empezó cobrando un insignificante salario de 100 euros, que alcanzó los 200 hasta que, con la crisis sanitaria, dejaron de pagarle.
Empezaba a trabajar de camarero a las seis de la mañana, siendo relevado por su compañero a medio día y hasta la media noche. El otro trabajador sí tenía un contrato legal como empleado transfronterizo y cobraba 600 euros al mes por una jornada de 20 horas semanales, pero la realidad, tal y como confirma la policía, es que «realiza cerca de 18 horas diarias a cambio de 600 euros mensuales, situación que se ha alargado desde el año 2005«.
El entrevistado se veía obligado a complementar su mísero salario por las tardes haciendo tareas como lavar coches: «Así me saco un extra, igual que también hago recados a los vecinos, les hago la compra, ayudo a los mayores…». Los dos comían gracias la generosidad de algunos vecinos.
La Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Jefatura Superior de Policía de Melilla confirma la ausencia absoluta de derechos básicos como una pausa para comer o el Salario Mínimo Interprofesional.
Después de la intervención policial, el trabajador ha sido acogido por un familiar, aunque cuenta que está preocupado por sus hijos: «Ahora estoy en una casa pequeña, ya no vivo como un animal encerrado. El problema es que sin trabajo no puedo enviar dinero a mi familia».
