Un Tribunal de Honduras ha considerado culpables a siete de los ocho acusados por el asesinato de Berta Cáceres.
Cáceres, de la etnia Lenca, lideraba el movimiento que se oponía a la construcción de una presa eléctrica, por ser dañina para el medio ambiente y provocar el desplazamiento de una comunidad indígena de la zona. La maestra y activista, de 43 años y ganadora del premio Goldman, el premio medioambiental más importante del mundo, fue asesinada a tiros en su casa en marzo de 2016.
Entre los condenados está un ejecutivo de Desarrollos Energéticos S.A. (la empresa que quería construir la hidroeléctrica), un oficial del ejército en activo y otro retirado, ex empleado de la empresa. Roberto David Castillo, que ejercía como presidente ejecutivo de la compañía y considerado autor intelectual del asesinato, está siendo juzgado por separado.
Los culpables podrían enfrentarse a hasta 30 años de prisión. Cuatro de ellos, además, podrían ser condenados a otros 20 años por el intento de homicidio del también activista Gustavo Castro, que resultó herido en el ataque.
Olivia Zúñiga, hija de Berta Cáceres, ha denunciado que «La Justicia no es total pues los empresarios dueños de DESA (Desarrollos Energéticos S.A.) no han sido investigados y menos encausados, aunque ellos son los responsables intelectuales del crimen de mi madre. Ellos quedan impunes«.
