La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha anunciado que el Gobierno continúa buscando fórmulas para amortiguar el efecto de la vertiginosa subida de los precios de la electricidad. Una de ellas, según ha dicho, es la creación de una empresa pública de energía que gestione las centrales hidroeléctricas.
En una entrevista con ‘Cadena Ser’, tras ser preguntada por la iniciativa de Unidas Podemos de salir a la calle a protestar por el precio de la luz, Ribera ha comentado que «el desafío» no es movilizarse, sino «encontrar soluciones».
Es entonces cuando, por primera vez, se ha mostrado dispuesta a «modificar las reglas del mercado de generación y poder disponer de toda la energía hidroeléctrica a través de un sistema concesional distinto (al actual) o a través de una empresa publica según se vayan liberando las concesiones hidroeléctricas que permita intervenir o facilitar otra manera de ofertar energía».
Estas palabras se pronuncian el mismo día en el que los agentes sociales, con la patronal catalana Foment del Treball y el sindicato UGT a la cabeza, han exigido a la ministra un cambio en el mercado de la electricidad para fijar los precios de manera distinta; una reclamación que la misma Ribera hizo a la Comisión Europea, encargada de su diseño.
Sin embargo, Ribera ha revelado este jueves que el vicepresidente de la Comisión, Frans Timmermans, se ha negado. «No quieren cambiarlo porque consideran que es eficiente y simple», ha explicado.
La creación de una empresa pública es una opción defendida históricamente por Podemos y rechazada por el PSOE. De hecho, esta propuesta ni siquiera consta en el acuerdo de coalición PSOE-Unidas Podemos.
Por este motivo, la líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha reaccionado rápidamente a estas declaraciones: «Que el PSOE se abra por primera vez a nuestra propuesta de creación de una empresa pública de energía es una buena noticia. Debemos afrontar con urgencia y valentía la situación crítica del precio desorbitado de la factura de la luz».
A pesar de esto, la ministra ha dejado claro que «no hay una solución única» a los altos precios de la luz. «El precio de la electricidad depende de muchas cosas muy diferentes y hay que tocarlas prácticamente todas, como hemos hecho», ha señalado, recalcando la derogación del ‘impuesto al sol’, que dio alas al autoconsumo en nuestro país, o el cierre de las centrales de carbón, así como los retoques temporales en la fiscalidad (rebaja del IVA y suspensión del impuesto sobre la generación).
Según ha dicho Ribera, el impacto de estos precios en la factura es limitado para los hogares, ya que supone solo un 30% del precio total de la tarifa regulada, que tienen 10 millones de clientes. Las grandes eléctricas han propuesto modificar esta tarifa para evitar su volatilidad, algo que la ministra no descarta a través de la incorporación de un «tramo fijo un poquito más alto».
También ha recordado que esta tarifa ha posibilitado a sus usuarios ahorros «sistemáticos» desde 2013 respecto a quienes estaban suscritos a las tarifas del mercado libre, donde se paga una prima para evitar la volatilidad del mercado.
Sin embargo, la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) ha advertido de que suponen un coste extra para los autónomos de «entre 200 y 300 euros» por el recibo energético.
