El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha hecho de la xenofobia y el racismo su marca personal. Pero estos tiempos de pandemia han sacudido las raíces de todo sistema.
Los que eran llamados por Trump «violadores y delincuentes», migrantes procedentes sobre todo de Latinoamérica, aquellos que trabajan en la agricultura en condiciones de irregularidad han recibido ahora permisos especiales de trabajo y residencia.
«Es como si de repente se dieran cuenta de que estamos contribuyendo a mejorar este país«, dice Nancy Silva, una recolectora de fresas mexicana, en una entrevista con el ‘The New York Times’. Ahora, Silva ha obtenido un documento del Departamento de Estado que la califica de «trabajadora esencial para la cadena de suministros».
Según datos oficiales del Departamento de Agricultra, el 50% de los recolectores de frutas y hortalizas son migrantes indocumentados. Según los productores, la cifra asciende a un 75%. Más de un millón de personas que llevan décadas viviendo en el país y pagando impuestos, pero que viven bajo la amenaza permanente de la deportación.
Esta repentina conversión a la categoría de esenciales no elimina la posibilidad de ser deportados, aunque las autoridades aseguran que no se llevarán a cabo operaciones policiales en los alrededores de las explotaciones agrícolas.
«El documento nos da un poco de tranquilidad«, admite Silva. No obstante, las condiciones precarias de los recintos son un foco de contagio para el virus, a lo que hay que se suma la suspensión del sueldo en caso de enfermedad.
«Tener un documento oficial es un paso adelante, pero no servirá de nada si me lo quitan dentro de unos meses «, añade Silva.
