El ayuntamiento de Villanueva del Pardillo, Madrid, gobernado actualmente por VOX, lleva más de un año negándole a una mujer desahuciada víctima de violencia de género con dos hijos de 4 y 9 años una vivienda social.
María (nombre ficticio) ha contado en exclusiva a Público cómo los trámites los inició en abril 2018, cuando aún gobernaba el PSOE y Ciudadanos en la localidad hasta que en junio pasó a ser regida por el grupo ultra con mayoría absoluta.
La víctima sólo percibe 426 euros en concepto de Renta Activa de Inserción, que puede ser solicitada por víctimas de violencia de género, y desde hace cerca de dos años su agresor y expareja no pagaba la renta de la casa, y por ello fue desahuciada. María además cuenta al periódico que es licenciada en comunicación audiovisual, cuando se casó con su agresor dejó el trabajo y se dedicó a la casa y la crianza de los hijos. Por ello no tiene ingresos y le conlleva muchísima dificultad encontrar trabajo dado que es la única cuidadora de los pequeños.
Desde la condena al agresor en mayo de 2018 (90 días de trabajos a la comunidad y una orden de alejamiento de 500 metros), este dejó de pagar la asignación de 250 euros por hijo que decretó en juzgado, ni tampoco los 150 como pensión compensatoria. «Si no te puedo amargar la vida de otra manera, te dejo en la calle», cita María a su expareja.
Por su parte, el alcalde ultra, Eduardo Fernández, ha asegurado al medio antes citado que la localidad dispone desde hace meses de seis viviendas que desde el 17 de junio intenta desbloquear esas viviendas, y que para poder hacerlo necesita poder adjudicarlas es preciso realizar los pliegos de licitación.
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), desmienten esta afirmación completamente. José Castro, portavoz de la plataforma, ha explicado al medio que para la adjudicación de viviendas municipales de carácter social no se necesitan pliegos de licitación. «No son viviendas nuevas, ya están adjudicadas hace un montón de años con bases de licitación y adjudicación, por lo que ni siquiera es necesario reescribir dichas bases», explica.
María se separó de su expareja el 27 de diciembre de 2017 tras una segunda agresión física delante de sus hijos. «Era la segunda vez que lo hacía. Pero mis hijos y yo hemos vivido la violencia económica y la ambiental durante muchos años», explica. «Esa noche en que llamé a la policía y él durmió en el calabozo, su madre se lo llevó a vivir a su casa y ahí empezó mi verdadera tortura».
La víctima cuenta cómo llegó a recibir 80 o 90 mensajes al día, y cuando lo bloqueaba, continuaba por SMS o por otras redes sociales. La amenazaba, la insultaba, «pero yo aguantaba porque esperaba que se le pasase». «Pero tras las amenazas a mí empezaron las que volcaba sobre mi familia. Que iba a dejar a mi padre en silla de ruedas, que mejor a mi me dejaba tranquila y me iba a dejar sola, que el resto despareciera. Entonces decidí denunciarlo», explica María.
