Una mujer de unos 60 años que sufría una patología crónica osteomuscular incurable y un cáncer de vejiga invasivo se suicidó el pasado domingo después de que el Hospital Gómez Ulla, en Madrid, le negara la eutanasia.
Los hechos se remontan al pasado 7 de julio, cuando la paciente acudió a la consulta de su médica en el hospital Gómez Ulla de Madrid para pedirle que la ayudara a morir dignamente. La doctora le dijo en un primer momento que sí, pero 48 horas después la llamó para decirle que se había declarado objetora de conciencia. La ley fija que en estos casos debe nombrarse a otro profesional que examine al paciente y evalúe si cumple los requisitos para la eutanasia.
El 14 de julio, la mujer presentó una queja en el hospital y dejó constancia de que, «de acuerdo con la ley, mi solicitud debe incorporarse a mi historia clínica y, en el caso de que mi médica sea objetora, la Administración sanitaria me facilitará el contacto con otro médico para que gestione mi solicitud de ayuda para morir. Una semana después todavía no tengo ninguna respuesta, lo cual es claramente irregular. El médico responsable puede denegar mi solicitud siempre por escrito y de manera motivada en un plazo de 10 días”.
«Les hago saber que mi voluntad clara, firme, reiterada e inequívoca de morir en el hospital se debe al sufrimiento constante e intolerable que padezco, por lo que les ruego encarecidamente que respeten mi derecho a decidir hasta cuándo debo soportar tanto dolor físico y psíquico”, añadía la paciente.
La mujer recibió la última respuesta de la Administración el 8 de septiembre, cuando le comunicaron que tenía que seguir esperando pese a los dolores insoportables que padecía.
El sistema sanitario le había dado la espalda. Finalmente, el pasado 19 de septiembre, la mujer terminó con su vida en la habitación de un hotel.
