La Inspección de Trabajo y Seguridad Social está investigando a 21.068 empresas sospechosas de haber cometido un fraude con los ERTEs extraordinarios por la pandemia. Estas empresas habrían contratado trabajadores ficticios tras la emergencia sanitaria e inmediatamente después los habría incluido en los expedientes para cobrar de manera fraudulenta las prestaciones.
La Inspección ha hallado 666 empresas sospechosas de haber utilizado este artificio de los 26.014 expedientes de regulación (20.376 de suspensión de contratos y reducción de jornada por fuerza mayor y 5.638 por causas económicas, técnicas, organizativas y/o productivas) en los que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) solicitó su intervención.
«La situación de estos trabajadores se ha analizado a efectos de determinar la inclusión en los expedientes de personas que no fueran trabajadores de la empresa con objeto de la percepción fraudulenta de la prestación de desempleo», han afirmado fuentes del Ministerio de Trabajo, que añadieron que los investigadores no han encontrado «un número significativo de incidencias» en esas 666 empresas.
