La jueza Mónica Boticario, encargada del juzgado Nº 5 de la localidad madrileña de Leganés, ha rechazado la querella de las once familias de residentes de geriátricos contra la presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, dos de sus consejeros y los directores de cuatro residencias. Según la magistrada, no hay delitos de homicidio imprudente, de lesiones, de omisión de socorro ni de prevaricación.
En su auto, Boticario afirma que en el mes de marzo la situación del sistema sanitario era de «colapso» y que ante una «enfermedad nueva y desconocida» se emplearon herramientas cuya eficacia no se conocía.
A día de hoy, la jueza sostiene que «la segunda ola» prueba que la enfermedad continúa siendo desconocida, y por esto no halla rastro de hechos delictivos en ninguno de los querellados por la situación de las residencias madrileñas, unos 6.000 en la Comunidad entre positivos confirmados y sospechosos.
Boticario no se queda ahí, sino que en su auto recrimina a los querellantes haber presentado una denuncia «prospectiva», sin pruebas y basada en conjeturas: «Se utiliza frecuentemente, a lo largo de toda la querella, expresiones hipotéticas, tales como ‘decisiones que pudieron determinar’; ‘es probable que…’; ‘investigar si pudiera haber habido’; ‘esta circunstancia pudo haber sido determinante; ‘investigar si hubo instrucciones’, etc.», reprocha el auto.
