Fuentes del grupo han explicado que «en los últimos años estamos asistiendo en España a una deriva autoritaria que ha llevado a restringir de manera alarmante el derecho fundamental a la libertad de expresión por la vía administrativa, mediante la ley mordaza, y por la vía penal, a través de algunos artículos del Código Penal, provenientes de la dictadura, que criminalizan conductas como el envío de mensajes en redes sociales o canciones de rap».
También recalcan que «el sistema judicial español ha sido reprendido en numerosas ocasiones por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por vulnerar la libertad de expresión. Estos artículos no tienen cabida en un sistema democrático moderno y europeo».
Unidas Podemos pretende modificar el delito contra los sentimientos religiosos o de escarnio público, recogido en el artículo 525 del Código Penal, porque a su juicio «en un Estado aconfesional no han de primar los sentimientos de unos ciudadanos frente a otros. Lo único que habría que proteger es la libertad religiosa como derecho fundamental».
Además, pretenden derogar los delitos contra la Corona, reflejados en los artículos 490.3 y 491 del Código Penal, porque «esta especial protección de la más alta institución política del país, en cuanto que ostenta la Jefatura del Estado, constituye un verdadero ataque contra la libertad de expresión».
Respecto a las ofensas o ultrajes de palabra, por escrito o de hecho a España, a sus comunidades autónomas o a sus símbolos, reflejados en el artículo 543 del Código Penal, el grupo alega que «se está aplicando para atacar la libertad de expresión, reprimiendo la crítica contra los símbolos de nuestro país, materializados en la bandera y el himno nacional».
Por último, advierten de los riesgos para el derecho a la libertad de expresión de mantener tipos penales «ambiguos» como el del enaltecimiento al terrorismo, que «según nuestros tribunales, es un delito de opinión, que consiste en incitar indirectamente a la comisión de delitos terroristas. En un contexto en el que ni ETA ni GRAPO ni su entorno están ya activos, este delito no tiene ningún sentido salvo para reprimir la libertad de expresión».
