Por primera vez en España, se ha iniciado un proceso sancionador legal en el País Valencià contra tres personas por exhibir símbolos que exaltan y hacen apología de la dictadura de Francisco Franco y sus crímenes durante una manifestación.
Se trata de la primera aplicación de la Ley de Memoria Democrática de la Comunidad Valenciana, impulsada en 2016 por la consellera de Justicia del PSOE Gabriela Bravo, mediante la dirección general de Reformas Democráticas.
La ley entró en vigor en diciembre de 2017, tras ser publicada en el Boletín Oficial del Estado, pero nunca había sido aplicada hasta este momento. En esto ha tenido mucho que ver el nombramiento en 2019 de la abogada Rosa Pérez Garijo, secretaria general de Esquerra Unida del País Valencià, como consellera de Transparencia y Calidad Democrática.
Ante este departamento la Coordinadora de Asociaciones por la Memoria Democrática del País Valencià presentó la denuncia que ha acabado en un expediente sancionador. Concretamente, el líder de la coordinadora sostuvo que durante la marcha organizada por el partido de extrema derecha España 2000 en Benimaclet el pasado 12 octubre tuvieron lugar actos que atentaron contra la legalidad en vigor en materia de memoria democrática.
«Los participantes exhibieron simbología nazi, la bandera española con el escudo franquista y la bandera de la Falange, y realizaron saludos fascistas«, denuncia el escrito.
Las tres personas propuestas para sanción son Marta Carlota Sales Prendes, Francina Viñals Subirana y Vicente Casinos Garcés, las dos primeras vinculadas a Vox y a la Fundación Francisco Franco.
Por su parte, Casinos Garcés se encuentra en libertad provisional tras su detención hace un año en su vivienda por tenencia ilícita de armas en una operación antiterrorista.
