Vox ha pedido eliminar la mención expresa que el Código Penal hace a los “motivos racistas y antisemitas” en los delitos de odio, tal y como recoge una de las enmiendas presentadas por la extrema derecha al proyecto de Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, que se debate este miércoles en el Congreso.
El partido ultraderechista pretende modificar la tipificación de este delito, previsto en el artículo 510 del Código Penal, manteniendo el castigo a aquellos que fomenten, promuevan o inciten al odio, la discriminación o la violencia contra un grupo o una persona por razón de su ideología, religión, etnia, raza, nación, sexo, orientación sexual, etcétera, pero eliminando las referencias expresas que la ley vigente hace a los “motivos racistas y antisemitas”.
Esta mención fue incluida en la legislación española España debido a los compromisos internacionales adquiridos, así como para poner el foco en dos de las formas más graves de crímenes contra la humanidad, el racismo y el antisemitismo.
De igual manera, Vox rechaza considerar como agravante los delitos de odio que “alteren la paz pública o generen un grave sentimiento de inseguridad o temor” entre las personas que sean víctimas de ataque o acoso, por tratarse, según ellos, de “conceptos jurídicos absolutamente indeterminados”.
Por otro lado, el partido de Santiago Abascal plantea suprimir de la ley de protección de los niños y adolescentes la meta de “superar los estereotipos de carácter sexista, racista, estético, homófobo o transfóbico”, alegando que esta pretensión limita la libertad de los ciudadanos de expresar su opinión sobre “tales opciones sexuales, con base en su ideología, moral o creencias religiosas”.
Vox tampoco está de acuerdo en otorgar formación a los docentes, jueces o fiscales en el impacto de los roles de género sobre la violencia contra los menores; ya que “estos estereotipos” pueden ser “los que, en ejercicio de su libertad religiosa y derecho sobre la educación de sus hijos, se presenten como deseables a la consideración de los padres”. Según los ultras, «prohibirlos supondría un daño irreversible en la libertad de los padres para educar a sus hijos”.
