El pasado 18 de julio, Iván Espinosa de los Monteros, portavoz del partido ultraderechista Vox en el Congreso, presentó una Proposición de Ley Orgánica de Vox sobre «regulación parcial de la verificación de noticias falsas en redes sociales, blogs, sitios web en general y medios de comunicación impresos, digitales y audiovisuales».
La iniciativa tiene un objetivo claro: perseguir a aquellos que persigan los bulos. Esta propuesta surge tras la popularización de plataformas para desmentir noticias falsas.
El partido de extrema derecha, que acumula bulos para sostener sus proclamas, defiende que «tal verificación se ha confiado por las redes sociales a personas y entidades, privadas y/o públicas, con sedicente pretensión de neutralidad ideológica, pero en verdad, directa o indirectamente, dependientes de gobiernos y/o autoridades, y/o solapada y materialmente partidistas y/o partidarias, es decir, que profesan una ideología política determinada y apoyan a ciertos partidos políticos y gobiernos y son hostiles con otros».
Según Vox, los que «ejecutan la verificación de noticias falsas propia de dichas redes, blogs y sitios web en general», ocultan «la condición dependiente y/o partidista y/o partidaria de las personas y entidades, privadas o públicas».
Así, el argumento de Vox no está basado en que verifiquen erróneamente los bulos, sino en que son sus enemigos políticos. Y, por supuesto, no podía faltar la mención a la libertad: la libertad para mentir.
«La ‘opinión pública libre’ está, por tanto, indisolublemente unida a la libertad. Las redes sociales, blogs y sitios web en general son un medio de formación de la opinión, de suerte que deben reunir las condiciones necesarias para que dicha opinión se forme libremente. Y esta libertad es la que impiden los que descubren las mentiras: «Con la finalidad de asegurar que la información que se comunica y/o recibe sea veraz, los dos tipos mencionados de verificación de noticias falsas i) limitan la comunicación y/o recepción de información por razones partidistas y/o partidarias y/o de acción y/o propaganda gubernamental, y/o, ii) someten a control lo que no es información, sino opinión de quien la comunica y la difunde».
Lo que Vox busca es prohibir la verificación a todos menos a los jueces. Así, Vox podría estar difundiendo bulos y mentiras durante una precampaña o campaña electoral sin que nadie pudiera desmentirlos de manera legal. Después de las elecciones, e incluso años después, una sentencia judicial podría afirmar que habían mentido. También hay que recalcar que en España difundir una información no veraz no es delito.
