La Fiscalía Anticorrupción ha pedido la imputación por delitos de prevaricación y malversación de la ex presidenta madrileña Esperanza Aguirre (PP) y del exconsejero de Sanidad Juan José Güemes por reducir ilegalmente 135 camas del hospital Puerta de Hierro de Madrid, lo que hizo perder 10 millones de euros a las arcas públicas.
La Fiscalía presentó una querella contra la directora de Planificación y Equipamientos Sanitarios de la Comunidad de Madrid entre 2008 y 2011, Elena de Mingo, por presuntas irregularidades en la construcción y desempeño del hospital Puerta de Hierro de Majadahonda. En ese momento, Güemes era consejero de Sanidad y Aguirre presidenta regional.
Según consta en la querella de Anticorrupción, existen indicios de que “prescindiendo del más mínimo procedimiento administrativo de modificación de contratos previsto en la legislación vigente y en el pliego de cláusulas administrativas, se modificó de facto” el contrato de concesión de obra para la construcción del citado hospital. Esta gestión obligó a “la administración a abonar mayores costes por servicios nunca prestados”, dañando las cuentas públicas de la Comunidad de Madrid en más de 10 millones de euros.
El contrato de concesión para construir y explotar el hospital fue adjudicado el 18 de marzo de 2005 a una UTE formada por Dragados, Sufi y Bovis Lend Lease. Tres años más tarde, el 28 de mayo de 2008, se realizaron cambios «eludiendo cualquier procedimiento administrativo» y 135 habitaciones pasaron de ser dobles a individuales.
Esta modificación redujo las camas ofertadas en un primer momento por la concesionaria en base a las cuales se calculó el canon, pero no se llevó a cabo un nuevo acuerdo económico ajustado a la nueva oferta.
De esta manera, la adjudicataria, la anteriormente mencionada UTE, cobró cantidades millonarios por unos servicios que nunca se prestaron.
