El PP ha propuesto una proyecto de ley que tiene como objetivo acabar con la ocupación ilegal de inmuebles y acelerar los desalojos. Su líder, Pablo Casado, trata de reformar la Ley de Enjuiciamiento Civil, ampliando los supuestos que recoge la norma aprobada en 2018 propuesta del PDeCAT.
El presidente del PP presentó esta medida en un acto organizado en Badalona, donde el pasado 5 de enero fallecieron tres personas a consecuencia de un incendio provocado por okupas. En dicho evento, Casado aseguró que «el objetivo es acabar con las mafias».
Aclaró que las personas en una situación económica precaria o desempleados no contarán como okupas. El partido de derechas aseguró que la okupación de más de 80.000 inmuebles «no es un problema de pobreza energética», sino de gestión.
Esta norma endurece las sanciones ante los delitos de usurpación, que ya no serán multas sino que pueden llegar a penas de prisión de entre uno y tres años. Asimismo, contempla el concepto de «mafias» de okupación y acelera los procesos penales al respecto.
La policía tendría vía libre para desalojar los inmuebles en 24 horas, frente a la ley anterior que estipula un proceso que puede llegar a durar hasta un mes.
Rafael Mayoral, diputado de Podemos, ha comentado que la medida es «una barbaridad«, asegurando que la mejor opción frente a esta situación es la construcción de un parque de viviendas con «un alquiler asequible» para que la vivienda sea accesible para todos.
Por su parte, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) se ha pronunciado contra esta reforma: «Hay que partir de la base de que en España la vivienda no está considerada un bien social. El tema de las mafias, además, es una mera anécdota que están considerando como una categoría», han declarado al diario 20 minutos.
También aprovechan para recordar que la mayoría de situaciones en las que se producen okupaciones están motivadas por la precariedad económica.
