La Audiencia Provincial de Ciudad Real ha sido condenado a un agricultor de Tomelloso a dos años de cárcel, 34.300 euros de indemnización y el pago de la mitad de las costas procesales por explotar laboralmente a un jornalero marroquí al que pagó con «tabaco, cerveza y, esporádicamente, algún billete de 10 euros».
La sección primera del tribunal ha encontrado a Francisco José L.S.R. culpable de un delito contra los derechos de los trabajadores, aunque lo ha absuelto del delito de estafa agravada que le atribuía la acusación particular.
El tribunal considera probado que el agricultor actuó con la intención de «obtener un beneficio patrimonial ilícito» pese a ser consciente de la «situación de carencia» en la que se encontraba Mustafá E.A., un joven migrante sin recursos económicos, con un bajo nivel cultural y que enfrentaba una gran dificultad para encontrar otro trabajo con el que sobrevivir.
Los hechos tuvieron lugar en 2016, cuando el agricultor y el trabajador acordaron verbalmente que el último llevaría a cabo la preparación, siembra, crianza y recogida de los melones, así como la poda de las viñas de su finca, situada en el paraje de la Carriza (Socuéllamos).
Francisco José se comprometía a pagarle a su jornalero con «comida, tabaco, cerveza y, de forma esporádica, algún billete de diez o veinte euros». Unas condiciones que impuso el dueño de las tierras buscando eludir sus obligaciones legales y siendo plenamente consciente del «desprecio a las normas laborales vigentes».
La sentencia afirma que el condenado mantuvo al trabajador bajo estas condiciones durante unos tres años, tiempo en el que no recibió ningún salario a cambio, sin contrato de trabajo ni darle de alta en la Seguridad Social.
Tampoco tenía contratado un servicio de prevención ajeno, ni había ejecutado previamente una evaluación de los riesgos laborales, ni había formado al jornalero sobre los riesgos de su puesto de trabajo.
En 2017, el agricultor se aprovechó de la situación de necesidad del jornalero, que no disfrutaba de descansos semanales ni vacaciones, y acordó con él que las ganancias derivadas de la venta de melones durante las campañas de ese año y del siguiente las repartirían a medias.
Para garantizar la seguridad del producto y evitar robos, decidieron que Mustafá vigilaría y controlaría el campo, para lo cual el condenado le cedió el uso de un ‘bombo’ que «carecía de las más mínimas condiciones de habitabilidad, higiene y salubridad».
La construcción en la que alojó Mustafá no tenía luz eléctrica, cuarto de baño, gas o agua, por lo que se veía obligado a beber y asearse en un pozo de la finca. Allí vivió el trabajador durante unos dos años, incluso en invierno.
En esos dos años, el condenado percibió 73.767,37 euros de beneficios por la venta de melones, de los cuales la mitad corresponderían al trabajador según el acuerdo alcanzado. Sin embargo, nunca le dio nada.
Durante el juicio, celebrado el pasado mes de julio, el ahora condenado negó todas las acusaciones de su ex trabajador, asegurando que le pagó todo lo acordado durante el primer año y le dio 3.000 euros el segundo a pesar de que no ganó «nada». Respecto al bombo, afirmó que fue la víctima quien «le rogó» vivir ahí y que él solo había pretendido «hacer el bien».
El acusado afirmó que Mustafá solo «trabajaba cuando le daba la gana», pasando la mayor parte del día durmiendo después de estar «bebiendo cerveza y fumando canutos» toda la noche. «Me ha pasado esto por bueno», llegó a decir ante los jueces.
No obstante, el tribunal no ha dado crédito a la versión de Francisco José, especialmente tras escuchar las declaraciones de los testigos y comprobar el buen estado de sus finanzas.
