Durante la pandemia de Covid-19, las mascotas, sobre todo los perros, han sido tratados primero con desconfianza, sospechando (falsamente) que podrían contagiar el coronavirus, y luego utilizándolos para poder salir a la calle durante el confinamiento.
Las medidas de restricción de la movilidad del estado de alarma contemplaban pocas excepciones: salir a comprar alimentos, a trabajar, a cuidar a personas dependientes y a pasear a los perros.
Anna Mulà, abogada especialista en derecho animal y portavoz del Instituto de Políticas Públicas de Protección Animal (IPPPA), ha explicado que la gente «adquirió animales de forma fraudulenta para poder salir a la vía pública». Por otra parte, la Real Sociedad Canina de España (RSCE) estima que se demandaron alrededor de 5.000 perros, un aumento del 50%.
«Esto supone que a un animal se le está tratando como una mera herramienta para cubrir una necesidad que, después, al llevarse a cabo de esta manera tan inconsciente y cosificando a los animales, da lugar a que no se asuma la necesaria obligación que supone tener un animal, entonces abandonarlo te resulta mucho más sencillo», denuncia Mulà. Con el final del confinamiento y el inicio del verano, «ya se están detectando casos de abandono fruto de esta etapa de confinamiento».
Los datos de la RSCE confirman este extremo: el abandono de perros se ha incrementado un 25% desde el inicio de la desescalada. Solo a finales del mes de mayo, unos 2.000 perros fueron abandonados en España.
Los refugios y protectoras de animales estuvieron cerrados durante el confinamiento, lo que llevó a muchas personas que deseaban una mascota a utilizar la venta online. Mulà afirma en que se trata de adquisiciones «fraudulentas» que suelen proceder de criaderos ilegales en los que los animales sufren condiciones «terribles».
