El Ayuntamiento de Barcelona ha responsabilizado al juez del suicidio de un hombre de 58 años que estaba a punto de ser desahuciado de su vivienda, ubicada en el barrio de Sants.
El hombre se quitó la vida justo después de que la comitiva judicial llamara a su puerta para cumplir con el lanzamiento.
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha reclamado a los jueces que «revisen» los criterios con los que aplican la moratoria antidesahucios y ha asegurado que su Gobierno ni «comparte» ni «entiende» la decisión del juez. También ha añadido que los servicios sociales municipales intentaron evitar el desalojo de este vecino de Sants.
Colau ha exigido al PSOE que «desbloquee ya la propuesta de una nova ley de vivienda que frene la especulación, impulse más vivienda pública y ofrezca alternativas a los desahucios en los casos de vulnerabilidad acreditada».
Por otra parte, la concejala de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, Lucía Martín, ha tachado de «inexcusable» que el juzgado no detuviera el desahucio y ha criticado que el juez no haya hecho una «interpretación garantista» de la moratoria prevista para los desahucios de personas en situación de vulnerabilidad.
La edil recalcó que el hombre presentó hasta en dos ocasiones la documentación ante el tribunal, incluyendo el informe de los servicios sociales municipales que ratificaban su vulnerabilidad: «Es incomprensible que con un caso tan claro, con la justificación presentada a tiempo no una sino dos veces, el juzgado haya decidido ignorar estos informes», ha denunciado.
El juzgado de primera instancia número 3 de Barcelona desestimó un informe municipal para suspender el lanzamiento porque no reunía los requisitos para la moratoria de desahucios, según ha explicado una portavoz del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).
