El locutor José Antonio Abellán ha denunciado el nuevo decreto ley impulsado por la Junta de Andalucía para la «mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva» que, según el periodista, será utilizado «para exonerar a COPE de las golfadas cometidas con emisoras pirata».
«La Junta de Andalucía aprueba el decretazo por el que perdonan a la COPE 400 millones de euros, les regalan cientos de emisoras y perdonan a todo el que invierta en sus emisoras ilegales, todo en contra de toda la profesión», ha asegurado Abellán a través de su cuenta de Twitter, recalcando que esta es «una ley corrupta de la que están en contra radios, asociaciones prensa, universidades…».
Que maravilla, @AndaluciaVox , junto con @ppandaluz (pero estos ya se sabe quien son) ha votado un decretazo entre las medidas del #COVID19 en contra de @La_SER @OndaCero_es @KISSFM_es , universidades, asociaciones de prensa..etc. A ver si os echan!!! https://t.co/FwW06grICv pic.twitter.com/em5dzoQCQj
— jose antonio abellan (@jaabellan) April 2, 2020
«La Conferencia Episcopal ‘ha convencido’ a Elías Bendodo, capo del PP andaluz, para que en medio de la crisis que vivimos perdone a la COPE 400 millones de euros y le regale cientos de emisoras. Supongo que a cambio de un buen paquete de dinero negro de la caja de Unicaja de Adolfo Arjona», ha acusado el locutor.
Específicamente, la norma de la que se habla es el Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, que establece «la prohibición de difundir o contratar comunicaciones comerciales audiovisuales con servicios de comunicación audiovisual que no dispongan del correspondiente título habilitante, al resultar desproporcionada y perjudicial para la publicidad de entidades, empresas y autónomos que ejercen actividades económicas en Andalucía».
Con esta medida se eliminan las sanciones para los anunciantes que pusieran publicidad en emisoras de radio y cadenas de televisión ilegales.
El polémico decreto también deshace «la restricción de entidades privadas en la participación de la gestión de los servicios públicos de comunicación audiovisual local puesto que dificulta la actividad económica del sector privado de comunicación audiovisual en Andalucía permitiendo, además, a las corporaciones locales decidir libremente sobre la forma de gestionar un servicio público para el que se les ha otorgado concesión».
