La semana que viene, el Consejo de Ministros tramitará el proyecto de ley de reforma de la Memoria Histórica, la primera de una serie de normas que el Gobierno se ha propuesto para comenzar el nuevo calendario legislativo. Tal y como ha informado la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, se tienen en cuenta «muchas medidas» para reconocer a las víctimas.
Así, no podrá haber «fundaciones públicas o financiadas con dinero público que enaltezcan regímenes totalitarios o figuras dictatoriales», lo que supone la ilegalización de la Fundación Francisco Franco.
«Para dar respuesta a las víctimas, no podrá haber ninguna fundación pública, con recursos públicos que puedan enaltecer o promocionar ideas totalitarias, figuras dictatoriales que son todo lo contrario a lo que nos trae aquí», ha sentenciado Calvo.
De esta manera, el Gobierno modificará en gran medida la ley aprobada por el Gobierno de Zapatero en 2007 e incluirá nuevos aspectos sobre la gestión de las fosas de las víctimas o el nuevo marco jurídico sobre el Valle de los Caídos, lo que conllevaría la marcha de la comunidad benedictina que habita en el lugar y su resignificación.
El proyecto de ley contemplará la atribución al Estado de la apertura de las fosas del franquismo, la creación de un sistema de banco de ADN y un censo de víctimas; la supresión de títulos nobiliarios concedidos durante la dictadura que supongan una exaltación del régimen y la instauración del 31 de octubre como día de homenaje a las víctimas del franquismo.
Calvo ha enfatizado la importancia de que nuestra democracia no tenga «fosas comunes ni familias que llevan 40 años calladas», para lo que se está ultimando un «plan de exhumaciones con recursos públicos». La vicepresidenta ha argumentado que el primer paso para honrar a las víctimas es hallarlas y «darles sepultura», ya que «estamos hablando de víctimas que lucharon contra el fascismo, que murieron en campos de concentración y que son el pozo ético del cual proviene nuestra democracia».
