¿Quién no se ha llevado un susto en la factura del teléfono tras hacer una consulta sobre un producto o servicio?
El Ministerio de Consumo, liderado por Alberto Garzón, está ultimando una modificación legal para prohibir que las empresas utilicen para sus servicios de atención al cliente los números de tarificación adicional, lo que afecta fundamentalmente a aquellos con prefijos 901 y 902, cuyo coste es mucho más elevado que las llamadas convencionales.
Fuentes de Consumo han informado de que esta medida tiene como objetivo poner fin «a un abuso generalizado» que, además, se ha visto agravado por la pandemia.
Según la OCU, el precio de una llamada de cinco minutos a uno de estos números desde un fijo es de 0,56 euros, mientras que desde un móvil se eleva a 2,82 euros.
Alberto Garzón ha defendido que las consultas sobre un servicio «no pueden ser un coste para el bolsillo de consumidores y un negocio para unas pocas empresas»
📞 Los números con prefijo 902 y otros similares quedarán prohibidos para la atención al cliente. Comenzamos una tramitación que acabará con un abuso generalizado que encarece las facturas de las familias trabajadoras cuando quieren hacer uso de sus derechos ante las empresas. https://t.co/nsNYkT6epJ
— Alberto Garzón🔻 (@agarzon) September 4, 2020
