El Partido Popular y Vox han acusado al Gobierno central de ocultar el hecho de que nunca existió un comité de expertos para la desescalada durante el estado de alarma provocado por la pandemia del Covid-19.
El Defensor del Pueblo revela que el Ministerio de Sanidad explicó desde el primer momento al Consejo de Transparencia que no existía dicho comité.
El pasado mes de mayo, José Luis Ábalos, ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, afirmó que no existía el comité de expertos de la desescalada, sino que los técnicos que aconsejaban al Ministerio de Sanidad sobre los cambios de fase eran funcionarios.
En ese momento, PP y Vox criticaron con fiereza al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por no hacer públicos los nombres del comité de expertos. Pero las dos derechas estaban equivocadas en el significado del comité, ya que los técnicos que ayudaban en los cambios de fase eran funcionarios y no pertenecían a ningún comité.
Desde que se aplicó el estado de alarma en nuestro paía por la pandemia, el Gobierno ha tenido la colaboración de tres grupos, dos de los cuales han sido comités. El primero fue el Comité Científico Técnico, con el que Pedro Sánchez, Salvador Illa y Fernando Simón se han ido reuniendo de forma periódica para estudiar la situación epidemiológica.
El segundo fue un comité creado con el único objetivo de diseñar el Plan de transición hacia la nueva normalidad. Estaba formado por especialistas en epidemiología, salud pública, deuda, nuevas tecnologías, filosofía, desigualdad, inteligencia artificial, economía y relaciones internacionales. Después de saber sus nombres, PP y Vox se quejaron pensando que eran los mismos que decidían sobre el cambio de fase de cada región, pero estos solo hicieron recomendaciones antes de la formalización del nuevo plan.
El tercer grupo no está considerado un comité, dado que se trata de los funcionarios técnicos del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) y de Salud Pública del Ministerio de Sanidad. Estos aconsejaban a Fernando Simón y al ministro de Sanidad, Salvador Illa, a decidir los cambios de fase y estudiaban las situaciones epidemiológicas de cada región. Sus nombres no podían ser revelados porque, como funcionarios, la ley protege su identidad.
En ningún momento el Gobierno ha podido revelar los nombres de los técnicos debido a la Ley 19/2013, que establece la prohibición de publicar «datos personales» sobre los funcionarios para evitar un «perjuicio» en la «garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión».
