Manuel García Castellón, juez de la Audiencia Nacional, ha considerado que la exploración del caso Lezo ha aportado «elementos probatorios suficientes» que confirman los indicios contra el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, número dos y sucesor de Esperanza Aguirre.
En el caso Lezo, investigado desde 2015 por Anticorrupción y desde 2016 por el propio Juzgado bajo diligencias secretas, estudia la expansión en Iberoamérica del Canal de Isabel II, una empresa pública que presidía el propio González con la que habría realizado compraventas en las que obtuvo ilícitas plusvalías millonarias. También se indagaba en la financiación del PP de Madrid a través de esta empresa y de la Agencia de Informática y Comunicaciones.
En una resolución adelantada por El Español, el juez dicta que el expresidente de Madrid «realizó un uso abusivo y fraudulento de algunos de los cargos públicos que ostentó, en beneficio propio, de sus familiares directos y de ciertas personas que asumieron un papel esencial y necesario para la consecución de la trama delictiva que generó y dirigió el propio Ignacio González».
El instructor añade que «a través de esta estructura ilícita que permaneció en el tiempo, se favoreció económicamente al Partido Popular«, haciendo uso de «un entramado societario muy complejo» nacional e internacional cuya finalidad era, por un lado «canalizar las comisiones y plusvalías ilícitas obtenidas», y por otro, ocultar esos fondos «para posteriormente introducirlos en el mercado lícito» en un ejercicio de blanqueo.
El juez asegura que la estructura «actuó presuntamente de forma unitaria y bajo una misma fuente de decisión», abusando González «de su posición de prevalencia en la Administración pública madrileña».
