La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha denunciado el hecho de que el nuevo Gobierno de Bolivia, liderado por la conservadora Jeanine Añez, haya aprobado un decreto que exime de responsabilidad penal a las fuerzas de seguridad cuando actúen «en legítima defensa o estado de necesidad».
«El grave decreto de Bolivia desconoce los estándares internacionales de DDHH -derechos humanos- y por su estilo estimula la represión violenta», ha advertido el organismo por Twitter.
Asimismo, la CIDH aprovecha para condenar «cualquier acto administrativo del gobierno de Bolivia que atente contra el derecho a la verdad, la justicia y al derecho internacional de los DDHH, particularmente en el contexto de actuaciones de Fuerzas Armadas en las protestas sociales».
La @CIDH alerta para el Decreto Supremo No. 4078 sobre actuación de FF.AA. en #Bolivia, de fecha 15 de nov 2019. El Decreto pretende eximir de responsabilidad penal al personal de FF.AA. que participe en los operativos para reestablecimiento y estabilidad del orden interno. (1/3) pic.twitter.com/297pEsNTVd
— CIDH – Comisión Interamericana de Derechos Humanos (@CIDH) 16 de noviembre de 2019
El grave decreto de #Bolívia desconoce los estándares internacionales de DDHH y por su estilo estimula la represión violenta. Los alcances de este tipo de decretos contravienen la obligación de los Estados de investigar, procesar, juzgar y sancionar las violaciones de DDHH. (2/3)
— CIDH – Comisión Interamericana de Derechos Humanos (@CIDH) 16 de noviembre de 2019
La CIDH condena cualquier acto administrativo del gobierno de #Bolívia que atente contra el derecho a la verdad, la justicia y al derecho internacional de los DDHH, particularmente en el contexto de actuaciones de Fuerzas Armadas en las protestas sociales. (3/3)
— CIDH – Comisión Interamericana de Derechos Humanos (@CIDH) 16 de noviembre de 2019
Ese “ decreto” dictatorial no los exime de los delitos de lesa humanidad que contempla el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que tarde o temprano tendrán que responder, y ser juzgados;y la autoproclamada presidenta Añez es autora, en unos, y cómplice,en otros.
— Eduardo Franco Loor (@EFranLoor) 16 de noviembre de 2019
Es muy delicado y abre la puerta a la vulneracion de los DDHH por parte de autoridades estatales, es decirles a la fuerza pública pueden torturar, desaparecer, asesinar , etc…. En pocas palabras un cheque en blanco de la impunidad
— Ricardo Eugenio R Alvarado (@RicardoeugenioR) 16 de noviembre de 2019
