Como si de un grupo legal de mafiosos se tratara, los empresarios del sector del juego han amenazado al Gobierno con acudir a los tribunales si las reformas contra el juego que planean se llevan a cabo.
«Si nos tenemos que defender de una forma jurídica, somos capaces de tener los mejores abogados y, de paso, los más caros», afrimó José Vall, presidente de la Asociación Española de Empresarios de Salones de Juego y Recreativos (Anesar) durante el congreso de esta patronal celebrado en Madrid.
Este colectivo lanza esta amenaza en respuesta al anuncio realizado el pasado domingo por el ministro de Consumo, Alberto Garzón, sobre la necesidad de regular la publicidad de las casas de apuestas, horarios de apertura y lugares donde pueden abrirse estos locales.
«Tenemos que defender nuestro sector, nuestras empresas, nuestro patrimonio. Hemos llegado al basta ya», dijo Vall, quien cree que «la gente quiere jugar y si no encuentran vías legales, lo hará por las ilegales».
En el congreso participó Enrique López, consejero de Interior, Justicia y Víctimas de la Comunidad de Madrid, cuyo departamento está terminando una nueva regulación de las casas de apuestas que podría estar lista para antes de verano. «La Comunidad de Madrid no ha declarado la guerra al juego, sino a la ludopatía», aseguró López, que pidió la colaboración del sector para «apostar por la salud pública».
