El Tribunal Supremo ha rechazado los recursos del PP y Vox contra el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado en dos sentencias que critican duramente a ambos partidos por intentar ejercer una «acción popular de carácter político» que no existe en la Ley para recurrir actos del Gobierno que no están legitimados para recurrir.
Los dos partidos de derechas llevaron el nombramiento de Delgado ante la sala tercera del Tribunal Supremo denunciando que su pasado político como diputada del PSOE y ministra de Justicia ponían en duda su imparcialidad para liderar la Fiscalía.
La sentencia del Supremo dedica más de veinte páginas a explicar por qué ninguno de los partidos está legitimado para recurrir esta decisión del Gobierno, ya que, aunque las formaciones políticas «son instrumentos fundamentales de participación política de los ciudadanos en el Estado democrático», eso no les legitima para ejercer una acción popular constante contra los actos del Gobierno.
Según la sentencia, si se permitiera a ambos partidos recurrir asuntos como el nombramiento de Delgado se legitimaría de manera «universal» la impugnación «de cualquier acto que tuviera naturaleza, incidencia o repercusión política» y eso «equivaldría a establecer, en definitiva, una acción popular de carácter político, ayuna de cobertura legal».
Los magistrados dejan claro que el control al Ejecutivo se lleva a cabo a través de diputados y senadores, pero no necesariamente a través de los tribunales.
