El juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis Castro, ha otorgado el tercer grado al dirigente de ETA Antonio Troitiño por «razones humanitarias y dignidad personal», con motivo de la enfermedad incurable que sufre. El magistrado se ha basado en el artículo 104.4 del Reglamento Penitenciario para tomar esta decisión, donde figura que «los penados enfermos muy graves con padecimientos incurables, según informe médico, con independencia de las variables intervinientes en el proceso de clasificación, podrán ser clasificados en tercer grado por razones humanitarias y de dignidad personal, atendiendo a la dificultad para delinquir y a su escasa peligrosidad».
Antonio Troitiño, de 63 años y nacido en Palencia, cumple condena en la prisión de Estremera. El auto del juez sostiene que el recluso «padece una enfermedad muy grave e incurable, que sólo puede ser tratada con medidas paliativas y respeto a la cual la estancia en prisión podría dificultar las mismas».
Troitiño, que fue miembro del Comando Madrid de ETA, fue arrestado en 1987 y condenado por la Audiencia Nacional a cerca de 3.000 años de prisión por tres atentados que dejaron 22 muertos, siendo el peor de ellos el ocurrido en la Plaza de la República Dominicana de Madrid, en 1986, en el que perdieron la vida doce guardias civiles. Salió de prisión en 2011, tras cumplir 24 años en prisión, por la ‘doctrina Parot’.
El etarra se mudó a Londres tras su polémica excarcelación, pero volvió a ser detenido un año después en una operación conjunta de la Policía Nacional y de las fuerzas de seguridad británicas, para hacer frente a una orden de detención de la Audiencia Nacional debido a la revocación de su puesta en libertad al haber aplicado de forma errónea el cómputo para ser liberado. En esa compleja situación, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) tumbó la ‘doctrina Parot’ y las autoridades británicas pusieron a Troitiño en libertad condicional.
No obstante, en 2014 volvió a ser detenido dado que la Audiencia Nacional consideró que se había reintegrado en ETA. Fue extraditado a España en 2017 y desde entonces cumple la condena de cinco años y 11 meses por pertenencia a organización terrorista.
