El exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados y su amigo constructor David Marjaliza cobraban una comisión de entre 900.000 y 1,2 millones de euros por cada colegio concertado que construían.
Según testigos y documentos presentes en la investigación de la trama Púnica, el pagador era Alfedel, una sociedad registrada en Valdemoro dedicada a promover colegios concertados para venderlos luego a las cooperativas de profesores que los gestionarán.
El propietario de esta empresa es Alfonso Ferrón del Río, está actualmente imputado por estos pagos.
Entre 2002 y 2014 Granados habría saqueado más de 15 millones de euros a cooperativas de profesores, según el auto del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón.
Estos hechos contextualizan y explican a la perfección la virulenta reacción del PP tras la aprobación este jueves de la reforma educativa con la conocida como Ley Celaá.
