Este martes arranca el juicio en la Audiencia Provincial de Toledo a un sacerdote de Talavera de la Reina para quien la Fiscalía exige 17 años de cárcel por la presunta agresión sexual continuada a una menor en su despacho parroquial durante varios años.
José Luis G.M. ha sido acusado de un delito de agresión sexual continuada y otro contra la integridad moral.
Los hechos tuvieron lugar en 2011, cuando la víctima, de 15 años, vivía una situación de «angustia y confusión» ocasionada por la crisis matrimonial de sus padres. Por ello, le designaron al acusado como director espiritual, llegando a ser una «persona de referencia» para ella.
Así consta en el escrito de acusación de la Fiscalía, donde se narran los abusos y agresiones sexuales que supuestamente infligió el acusado a la víctima entre enero de 2011 y junio de 2013, aprovechando su situación de «aislamiento familiar» para dar rienda suelta a «su comportamiento lascivo».
El acusado y la madre de la víctima, con quien tenía una relación, sometieron a la adolescente a un «exorcismo» para quitarle el «demonio» que tenía dentro. Un día después del suceso, el acusado la citó en su despacho «con el pretexto de continuar con el exorcismo» y la agredió sexualmente. «Después de esta situación, el comportamiento del acusado se repitió».
En el escrito del ministerio público se relata también que, cuando la víctima se negaba a someterse a sus abusos, el sacerdote la agredía físicamente, llegando en una ocasión a propinarle «una paliza» por la que «tuvo que ser atendida en el hospital de Talavera de la Reina».
Además de todo esto, el hombre le decía que «no tuviese miedo, que era lo que Dios quería» y la amenazó con que «si lo contaba, la mataba».
La víctima sufre ahora de una serie de «padecimientos psiquiátricos» compatibles con «haber experimentado acontecimientos traumatizantes, como pueden ser los abusos-agresiones sexuales continuados en el tiempo, que la víctima vivió en soledad durante años en una situación de vulnerabilidad».
Además de la pena de cárcel, la Fiscalía pide la inhabilitación del acusado para cualquier profesión que suponga el contacto regular con menores, libertad vigilada durante 10 años y la prohibición durante 20 años de comunicarse con la víctima.
