La Justicia ha tumbado el plan de la Generalitat para confinar ocho municipios de Lleida por los graves rebrotes de coronavirus. La medida, que debía entrar en vigor esta medianoche, contó con la oposición del fiscal que declaró que sin estado de alarma no había aval legal para restringir los movimientos.
La jueza finalmente le ha dado la razón y considera que la Generalitat había copiado el estado de alarma y de forma indefinida, algo que va más allá de sus competencias.
La jueza Elena García Muñoz señala que la petición realizada por la Generalitat aportaba datos pobres. «La proporcionalidad de esta gravísima medida limitativa y restrictiva de derechos debe basarse precisamente en la existencia de una grave y muy importante transmisión comunitaria del virus, en este caso, esta transmisión aparece en el informe de pasada, y mientras en el anterior informe de situación epidemiológica se hablaba de una posible transmisión, se utiliza la misma frase y líneas para ello que en el anterior informe y nos añaden que ahora la transmisión no es posible sino que existe y puede ser importante», explica en el documento.
«No nos aportan ningún dato más, ni por qué es importante, si la importancia es extrema y grave, o en base a qué datos se puede determinar la existencia de esta peligrosa transmisión comunitaria, en definitiva, no existe motivación en datos ni en fundamentos, para establecer esta afirmación», agrega la jueza.
En el auto, García muñoz ha declarado que la medida es desproporcionada y que no ha justificado que haya transmisión comunitaria. Además, ha recriminado a la Generlitat intentar sustituir el estado de alarma, que «permite unas medidas de tanta gravedad y de tantas consecuencias» pero siendo que «el Estado tiene en sus manos el mecanismos legales oportunos para paliar sus efectos en caso de adoptarse».
Además, la jueza ha recordado que «esta es una competencia estatal y se ejerce, además, con la garantía de la intervención del Congreso de los Diputados». Así, subraya que Torra, como presidente autonómico, puede pedir al Gobierno que declare el estado de alarma.
