El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la nueva ley de Memoria, cuyo objetivo es «actualizar» la ley de Memoria Histórica de 2007 y adaptarla a las sugerencias de los organismos internacionales en materia de Derechos Humanos. Ahora, el proyecto será remitido al Congreso de los Diputados, donde la mayoría de los grupos, especialmente los socios del Gobierno, presentarán enmiendas.
«Es la primera ley en la que se condena y repudia expresamente el golpe de Estado del 36 y la dictadura posterior, que han supuesto el periodo más negro de nuestra historia contemporánea», ha anunciado el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.
La ley tiene dos metas fundamentales: «La recuperación, salvaguarda y difusión de los derechos democráticos y fundamentales» y el «reconocimiento de todas las víctimas del golpe de estado y de la posterior dictadura». Por ello, se califican como «ilegítimos» aquellos tribunales de excepción que dictaron sentencias durante la Guerra Civil, declarándose nulas. Establece dos fechas anuales para homenajear a las víctimas: «El 31 de octubre será el día de todas las víctimas de la Guerra Civil, del golpe de Estado y de la dictadura. Y el 8 de mayo será el día de los exiliados», ha explicado Bolaños.
El Estado asumirá la responsabilidad de buscar a las personas desaparecidas y «se hará una planificación cuatrienal» para conseguir la recuperación de restos de las personas que fueron represaliadas en su momento; se creará un Banco Nacional de ADN para facilitar esa búsqueda; y «se facilitará el derecho de acceso de los archivos y fondos de consulta para conocer la verdad de lo que ocurrió en los años más tristes para nuestro país»
Bolaños ha dejado claro que la reparación a las víctimas es «moral», por lo que no habrá compensaciones económicas, como piden las organizaciones de Memoria.
Además, para que la Historia no vuelva a repetirse, «la Memoria será un contenido curricular en la educación», una asignatura que se ofrecerá en Bachillerato, en la ESO y en la Formación Profesional. También se eliminarán símbolos, distinciones y títulos nobiliarios otorgados a aquellas personas por ser protagonistas de la Guerra Civil y la dictadura.
«Se modificará la ley para que se puedan extinguir fundaciones que hagan apología del franquismo, enaltezcan a sus dirigentes y lo hagan con menosprecio de las víctimas o incitando al odio«, como la Fundación Francisco Franco.
