El Tribunal Supremo, que condenó en 2012 al juez Baltasar Garzón a 11 años de inhabilitación tras haber sido procesado por los casos Franquismo y Gürtel, vulneró el artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y no respetó el derecho del magistrado a un proceso «con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial«. Así lo denuncia ahora el Comité de Derechos Humanos de la ONU.
El documento publicado por este órgano expresa «dudas» sobre si el acusado tuvo «acceso a un tribunal independiente e imparcial» en los procesos por prevaricación en el Supremo que acabaron con su carrera judicial.
El juez Garzón fue condenado por intervenir conversaciones entre abogados de la trama Gürtel y sus clientes, a pesar de que lo hizo con la aprobación de la Fiscalía y a petición de la Policía.
Además, al ser aforado por su condición de juez, el Supremo se encargó del caso. Esta es la última instancia judicial en nuestro país, por lo que el Comité recrimina al Estado que el exjuez no tuviese una segunda instancia ante la que recurrir su condena.
La resolución de la ONU exige una «reparación integral» para Garzón, que se eliminen sus antecedentes penales y que se le ofrezca «una compensación adecuada por el daño sufrido».
España se acostó franquista la noche que murió el dictador y se levantó demócrata al día siguiente. Muchos jueces aún no se han levantado. Y ahí tenemos a Cospedal, Cifuentes, Monasterio, Casado, BBVA y, claro, la cacicada de cargarse al juez Garzón. https://t.co/ibvOeBahJa
— Juan Carlos Monedero (@MonederoJC) August 25, 2021
Resulta que la inhabilitación a Garzón fue un proceso arbitrario y que nuestro país tendrá que hacer una reparación efectiva.
Hay quien dirá que son cosas del Comité de Derechos Humanos de la ONU que son unos "tiquismiquis"
¿La verdad?
Nuestra "justicia" a la altura del betún. https://t.co/kBpkHBdv5w— Carlos Sánchez Mato🔻✳️ (@carlossmato) August 25, 2021
