El pasado 18 de marzo, cuando la pandemia comenzaba a descontrolarse en Madrid, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso publicó un protocolo que prohibía trasladar a hospitales a personas mayores que vivían en residencias en caso de que tuvieran cierto grado de dependencia o deterioro cognitivo.
Los datos oficiales del Gobierno de la Comunidad de Madrid revelan las consecuencias de esa exclusión: 7.291 ancianos murieron en sus residencias sin recibir atención hospitalaria en marzo y abril, lo que supone el 77% del total de fallecimientos contabilizados durante ese periodo entre los residentes de geriátricos madrileños.
En Cataluña, pese a que no hubo un Protocolo como el de Madrid, también se excluyó a residentes durante varias semanas. Tal y como informa ‘InfoLibre’, el 72% de los decesos (2.797 personas) en marzo y abril tuvieron lugar en la misma residencia.
La información sobre las residencias de Madrid se ha hecho pública este martes. El citado medio solicitó al Gobierno de Ayuso a inicios de mayo datos sobre el número de fallecimientos ocurridos en residencias entre el 1 de marzo y el 30 de abril, así como los centros donde vivían los fallecidos y si habían perecido en el centro.
Cinco empresas superan los 15 puntos porcentuales: un 17,6% del total de muertes se produjo en Mensajeros de la Paz, un 17% en Casablanca, un 16,8% en Aralia, un 16,4% en Vitalia Home y un 15,6% en DomusVi.
Teniendo conocimiento de estos datos, queda claro que el Protocolo de exclusión, que Ayuso explicó como un mero «borrador«, fue aprobado, enviado a los encargados de ejecutarlo y aplicado.
