Los seis jueces que han declarado inconstitucional el confinamiento tienen vínculos con el PP y FAES

Este miércoles, el Tribunal Constitucional concluyó que varios aspectos del decreto por el que se proclamó el primer estado de alarma frente a la pandemia de Covid-19 son inconstitucionales.

La resolución fue aprobada por una ajustada mayoría de seis votos contra cinco. Así, los seis magistrados conservadores han declarado inconstitucional el decreto y sus prórrogas, que mantuvieron confinados en sus casas a la población a partir del 14 de marzo del pasado 2020.

El juez del Tribunal Constitucional Pedro González-Trevijano ha sido el ponente del recurso que en su día fue interpuesto por el partido de ultraderecha Vox.

Los seis magistrados del TC que han declarado inconstitucional el confinamiento son los siguientes: el ponente de la propuesta Pedro González Trevijano, Ricardo Enríquez, Alfredo Montoya, Santiago Martínez Vares, Antonio Narváez y Encarnación Roca.

González-Trevijano fue nombrado juez en el Constitucional en junio del 2013 a propuesta Gobierno de Mariano Rajoy. Ha colaborado con la Fundación FAES, fundada por José María Aznar, y dirigía la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) cuando se produjeron los escándalos por los cursos de máster de Cristina Cifuentes, Pablo Casado y Carmen Montón.

Ricardo Enríquez fue nombrado juez en el TC en marzo del 2013 y en marzo del 2017 a propuesta del Senado bajo el patrocinio del Grupo Parlamentario Popular (GPP).

Alfredo Montoya fue nombrado juez en el TC en marzo del 2017 a propuesta del Senado bajo el patrocinio del Grupo Parlamentario Popular (GPP). Ha colaborado con la Fundación FAES. Un Consejo de Ministros liderado por Mariano Rajoy le concedió la “Medalla de oro al mérito en el trabajo”.

Santiago Martínez Vares ha sido colaborador de la Fundación FAES y defiende que la religión católica debe ser de oferta obligatoria en todos los centros escolares.

Antonio Narváez también ha colaborado con la Fundación FAES.

Encarnación Roca fue nombrada jueza en el TC en julio del 2012 a propuesta del Congreso con el apoyo de Convergencia i Unió (CiU). Aunque en un principio se la incluía en el bloque progresista, lleva desde 2017 defendiendo unas posiciones cada vez más próximas al grupo conservador.

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