Los propietarios del restaurante La Lusitana Vasca y dos vecinas voluntarias han recibido tres multas de 4.200 euros totales por cocinar y repartir comida a familias sin recursos durante el confinamiento.
Los hechos ocurrieron el pasado 17 de marzo, en pleno pico de la pandemia. Javier Márquez, el propietario del restaurante, cuenta a Las Provincias que disponían de bastante comida en la despensa, así que, ante la prohibición de abrir al público, decidieron cocinar para las familias más vulnerables del Cabanyal.
Así, contactaron con la Cruz Roja, la Policía Local y una trabajadora social del centro de salud de Serrería, ya que, como explica, «el BOE permite esta entrega de comida sin ánimo de lucro», y afirma que la hicieron a través de las asociaciones Brúfol y Espai Veïnal Cabanyal.
Sirvieron 84 comidas ese día, respetando todas las medidas de seguridad, según indica, tanto la higiene como el distanciamiento social y amparados en la Limitación de libertad de circulación de las personas, que permitía el libre tránsito para la Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o especialmente vulnerables.
Pero a las cuatro y media de la tarde los visitaron la Policía Local y los multaron. «Uno nos dijo que nos cerraría el local», detalla. En la multa se denuncia «una cola de personas en la puerta recogiendo comida» y que «la puerta del establecimiento se encuentra abierta» con varias personas trabajando, «con dos mesas a modo de mostrador».
En la propia denuncia figura que se encontraban repartiendo comida «sin ánimo de lucro» en conjunto con la asociación Brúfol a personas desfavorecidas.
«Tanto desde el establecimiento como desde la red de voluntarios, asociaciones, colectivos y vecinos del Cabanyal, nos negamos a pagar estas multas, que ascienden a 4.200 euros. De manera colectiva denunciamos los hechos ocurridos, porque no se tiene en cuenta el carácter solidario y no lucrativo de la actividad, porque no se relatan de forma objetiva los hechos (el establecimiento nunca ha estado en funcionamiento durante el estado de alarma), porque nos acogemos al Real Decreto 463/2020 del BOE del 14 de marzo, bajo la imperante necesidad de acción en solidaridad con las familias más vulnerables de nuestro barrio», denuncian.
