El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha presentado una querella por los delitos de injurias y calumnias contra Diego Camacho López-Escobar, coronel de Infantería retirado, por un artículo de opinión y dos vídeos de Youtube en los que le vincula con el narcotráfico y el terrorismo.
El ex militar también afirmó que la presencia de Iglesias en el Gobierno supone un peligro para la seguridad nacional y acusó al líder de Podemos de haber recibido financiación de Venezuela y de Irán, según consta en el escrito de su representación legal.
Camacho realizó estas declaraciones en un artículo publicado en la página ‘Elcorreodeespana.com’ y en dos entrevistas publicadas en YouTube, una en el programa de ‘El Club de los viernes’, una asociación homófoba y negacionista de la violencia de género, y la otra en ‘Aquí la voz de Europa’, una emisión relacionada con el partido de ultraderecha Democracia Nacional.
«Lo que sí hay contrastado es la vinculación del señor Iglesias con el narcotráfico de Venezuela, con la financiación de Venezuela, con la financiación de Irán. Hay en España un vicepresidente que ha estado a sueldo de dos potencias extranjeras. Está en peligro la seguridad nacional de España. Porque hay un vicepresidente que tiene acceso a una serie de información y no se sabe para quién trabaja”, afirmó en el programa de ‘El Club de los viernes’ del 30 de mayo de 2020, según la querella.
La segunda intervención, en ‘Aquí la voz de Europa’, ocurrió el 13 de julio de 2020 e incidió en el peligro para la seguridad nacional que supone la presencia de Iglesias en el Gobierno y su supuesta relación con su ex asistente en el Parlamento Europeo, Dina Bousselham, a la que relacionó con el servicio de inteligencia marroquí.
“Lo que afecta gravemente a la seguridad nacional no es lo que pueda haber de sexual o de sentimental o de romántico en esa relación, o político, sino esas vinculaciones de Dina Bousselham con su país de origen y la información clasificada a la que tiene acceso Pablo Iglesias”, acusó Camacho.
En la querella, la representación legal del vicepresidente defiende que estas acusaciones no son “una crítica a su actuación política o en cuanto miembro del Gobierno”, sino que se le acusa de “trabajar para potencias extranjeras (lo cual constituiría un delito de traición), de facilitar información clasificada a terceros países, ya sea de forma dolosa o imprudente (delito de revelación de secretos relativos a la defensa nacional), de tener vinculaciones con el narcotráfico, el terrorismo internacional y el blanqueo de capitales”. Sus letrados recalcan que las palabras del coronel “no solo dañan su honor e imagen personal y política, sino como integrante del Gobierno”.
