El Obispado de Alcalá de Henares se situó en el ojo del huracán tras salir a la luz los cursos que impartían para «revertir la homosexualidad» en 2019. La organización religiosa no enfrentará consecuencias legales por su homofobia, pero sí lo harán los activistas que se manifestaron en contra de estas prácticas.
La Asociación de Abogados Cristianos ha presentado una querella contra los manifestantes que se reunieron frente a la Catedral-Magistral de Alcalá de Henares en repulsa de Juan Antonio Reig Pla, obispo de la ciudad. La protesta acabó con la entrada de varios protestantes al templo mientras cantaban consignas contra la Iglesia.
Abogados Cristianos ha denunciado a siete personas a las que acusan de un delito contra la libertad de conciencia y los sentimientos religiosos y otro de incitación al odio.
El delito contra los sentimientos religiosos podría acarrear una sanción económica de entre 8 y 12 meses. En caso de no poder abonar la multa, se transformaría en un día de privación de libertad por cada dos días de impago.
Por otra parte, el delito de odio puede suponer una pena de prisión entre 1 y 4 años, así como una multa económica para los acusados.
«Es curioso cómo imputan un delito de odio a una actuación que no deja de ser una respuesta a otro delito de las mismas características, como el que supone para el colectivo homosexual que se les trate de enfermos. La imparcialidad del órgano judicial que admite a trámite este caso es nula”, ha opinado Fernando de la Fuente, viceportavoz de Jueces para la democracia (JplD)
