La Fiscalía del Tribunal Militar Territorial Segundo de Sevilla ha solicitado una pena de nueve meses de prisión para una agente de la Guardia Civil por un delito de injurias a un superior al que se refirió en un escrito como «poco aseado» y dijo que despedía un «fétido olor».
La persona de la que habla el escrito es un comandante de la Guardia Civil que fue designado como instructor de varios expedientes disciplinarios abiertos a la agente por la supuesta comisión de una «falta grave», que esta recusó.
En el escrito, la agente asegura que «cada vez que se ha mostrado como instructor, lo ha hecho de forma descuidada y poco aseada, con mal olor y un cerco de sudor bastante desagradable bajo ambos brazos, manchando así toda la uniformidad de este Cuerpo y detrimentando la misma con un fétido olor, siendo bastante desagradable para la pulcra encartada».
Lo sucedido se remonta a 2017 cuando la guardia civil, encargada del área de violencia de género en Chipiona (Cádiz), recibió la orden de reducir el riesgo a una joven que había denunciado amenazas de muerte y agresiones por parte de su pareja, algo que ella rechazó.
La pareja de la denunciante, que fue detenido, también amenazó a la agente y causó desperfectos en su coche, por lo que esta pidió a sus superiores que activaran el protocolo de protección a agentes de la autoridad, según figura en las alegaciones de su abogado.
Desde ese momento, la acusada, «en contra de su voluntad«, fue citada para ser evaluada por los servicios médicos de la Comandancia que, «pese a su frontal oposición», le dio un parte de baja por estrés laboral.
La guardia civil denuncia haber sido el blanco de un «acoso y derribo» con la apertura de expedientes disciplinarios por «falta muy grave» por negarse a reconocimientos médicos «sin causa que lo justificase». La mayoría de estos expedientes han sido archivados.
La Fiscalía Jurídico Militar del Tribunal estima que el escrito presenta «manifestaciones y expresiones de contenido injurioso» hacia el guardia civil, unos hechos que son constitutivos de un delito consumado de injurias a un superior, previsto y penado en el Código Penal Militar.
Por ello, solicita una pena de nueve meses de cárcel, además de suspensión de empleo, cargo público y derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Por su parte, el abogado del oficial reclama dos años y medio de prisión y una indemnización de 15.000 euros por daños morales.
La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) se ha mostrado contraria a la aplicación del Código Penal Militar, afirmando que el asunto se podría haber resuelto suspendiendo a la agente con entre cinco días y un mes sin empleo y sueldo o con la pérdida de destino, «sin necesidad de llevarla a la cárcel«.
