Ricardo González, magistrado de la Audiencia de Pamplona y miembro del tribunal que juzgó a La Manada y autor del polémico voto en el que propugnó la absolución, ha sido sancionado por una falta grave de retraso en la resolución de asuntos.
González redactó un extenso voto discrepante en el que aseguraba que apreciaba «signo alguno de violencia, fuerza o brusquedad ejercida por parte de los varones sobre la mujer», sino «una desinhibición total y explícitos actos sexuales en un ambiente de jolgorio y regocijo en todos ellos y, ciertamente, menor actividad y expresividad en la denunciante».
La Comisión Disciplinaria del CGPJ ha propuesto una sanción de multa de 1.500 euros ahora a González por estar en una situación «prolongada» de retrasos «habituales y notables» a la hora de resolver asuntos cuyo conocimiento le correspondía como ponente.
Inspección detectó que, a fecha de noviembre de 2018, González era ponente de un sumario cuyo juicio se había celebrado el mes de mayo anterior y aún estaba pendiente de sentencia. En números, de las 50 apelaciones pendientes, 21 eran suyas.
La Comisión, aún entendiendo el agotamiento físico y mental al que estuvo sometido el magistrado por la presión mediática y ciudadana tras su polémico voto, no ha visto justificación en los retrasos.
