El juez Salvador Alba ha sido condenado a seis año y medio de prisión y 18 de inhabilitación por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) por los delitos de prevaricación, falsedad y cohecho al manipular una instrucción penal para perjudicar a la diputada Victoria Rosell. Asimismo, deberá indemnizarla con 60.000 euros.
La sentencia asegura como probado que Alba ofreció al empresario Miguel Ángel Ramírez, investigado por graves fraudes fiscales, archivar todos esos procedimientos si declaraba una serie de cuestiones con el fin de dañar la reputación de la jueza Rosell.
Alba citó a Ramírez a una reunión sin la presencia de su abogado y a la que el empresario accedió por el garaje y por el circuito reservado en lugar de por la puerta principal. En el encuentro se quiso desvelar la supuesta existencia de negocios entre Ramírez y Carlos Sosa, director de Canarias Ahora y pareja de la jueza que había instruido su causa desde 2014.
Esa conexión se había investigado de manera disciplinaria por la Fiscalía de Las Palmas, y finalizó con dos resoluciones favorables a Rosell.
El juez procesado «torció» un procedimiento penal para conseguir de manera ilícita contratos que pudieran incriminar a la jueza.
Así, se le acusa de prevaricación en las decisiones tomadas para obtener los contratos, de falsedad al «omitir deliberadamente» al Supremo en sus informes la forma en la que había llegado a esa información y cohecho pasivo al ofrecer un archivo de su causa al empresario Ramírez, «al margen» de que finalmente no se realizara.
