Ocurrió en un centro municipal de preescolar de la comarca del Maresme, en Barcelona. La familia alegó al derecho de la libertad ideológica para justificar que no se vacunara a su hijo.
El abogado encargado de defender a la guardería municipal, Dídac Coll, celebra la decisión de la juez: «Lo que recoge la sentencia es que el hecho que un menor no vacunado no pueda entrar en una guardería. No tiene nada que ver con las convicciones ideológicas de sus padres o del menor, sino con una condición efectiva y médica: que es no solo la protección de la salud del propio menor, sino también los efectos y consecuencias que pueda tener sobre el resto de niños«, afirmaba.
Los padres de la criatura insistían en que los prejuicios de vacunar al niño eran superiores a los beneficios.
