Nueve años después de la muerte de Samba Martine tras pasar casi 40 días encerrada en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) del barrio madrileño de Aluche, el Ministerio de la Presidencia ha resuelto de forma favorable una demanda de responsabilidad patrimonial formulada hace ocho años por la familia de la víctima.
A pesar de que la mujer realizó diez visitas al servicio médico del centro por fuertes dolores, no le realizaron pruebas ni la llevaron al hospital hasta el día en que murió.
La resolución estima que Martine fue víctima de una mala coordinación de las instituciones responsables, entre las que figuran el Ministerio del Interior, el entonces Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social (gestionado por el CETI de Melilla, por donde pasó Samba en 2011 y le fue detectado el VIH) y la empresa SERMEDES S.L. (responsable del servicio de atención médica del CIE de Aluche en ese momento).
Según el documento, la cadena de errores que llevaron a la muerte a Martine son responsabilidad compartida de las tres partes, por lo que tendrán que indemnizar a su hija y a su madre según lo previsto en la ley.
La autopsia reveló que Martine falleció en el hospital como consecuencia de una infección grave que podría haberse curado con un tratamiento adecuado. Pero en el CIE apenas se le proporcionaron analgésicos para calmar los fuertes dolores.
En junio de 2019 se celebró el juicio por responsabilidad penal contra dos médicos y una enfermera que atendieron a Martine en el CIE. Solo se presentó uno de los doctores acusados, ya que los otros dos imputados nunca fueron localizados en este país.
A pesar de que el juez consideró probado que el trabajo de los acusados contribuyó al fallecimiento de Martine, el acusado fue absuelto.
Las entidades sociales que han luchado por que se haga justicia para Samba han criticado que «nueve años después de su muerte, sigue sin existir un protocolo que garantice la correcta derivación de la información médica entre los CIE y los CETI. «La muerte de Samba no fue un trágico accidente, sino consecuencia de una política migratoria que excluye, expulsa y convierte las fronteras en cementerios«, han defendido.
